Gobierno Abierto, Derecho de Acceso a la Información Pública y Datos Abiertos.
Estratégicamente las autoridades deben promover un modelo de gestión basado en las claves de Gobierno Abierto. Contar con mayor información, permite a los servicios públicos e instituciones del Estado, mejorar el diseño y la focalización de políticas públicas.
Vinculado al concepto de gobierno abierto y al de acceso a la información pública, surge el
concepto de datos abiertos, que busca permitir a la ciudadanía el acceso y reutilización gratuita -en formatos electrónicos estandarizados- de la información generada o gestionada por el Estado, para cualquier tipo de finalidad. De ese modo, se brinda al sector privado oportunidades de innovación y de implementación de proyectos, bajo el amparo de principios de mayor apertura y transparencia.
Se diferencian los datos públicos de los datos abiertos en cuanto los primeros son también
de libre acceso, pero en formato restringido, sin la posibilidad de ser reutilizados inmediatamente.
Los segundos al contrario, se confeccionan con el principal objetivo y finalidad de que puedan ser reutilizados por parte de la comunidad, para la generación de valor en visualizaciones, aplicaciones e investigaciones, entre otros. Sin embargo, entre ambas categorías de datos existe una necesaria complementación.
El impulso legal que se ha otorgado a la categoría de Datos Abiertos en nuestro país, se ha
hecho principalmente por medio de la Ley N° 21.180 de Transformación Digital del Estado, publicada en noviembre de 2019 y que entró en vigencia el pasado 9 de junio, la que si bien se reconoce como un avance en esa materia, solo contempla la transformación y digitalización de los procedimientos administrativos.
Un elemento clave de dicha estrategia, es el proyecto de ley que modifica la actual ley sobre
protección de datos personales, la cual ha presentado importantes avances ante el Congreso Nacional este último año, que permitirá la creación de un marco legal que fijará las bases para la extracción de datos personales, seguridad y disponibilidad de los mismos.
Otro elemento claves es fomentar la reutilización de la información. Las legislaciones sobre
reutilización de la información pública no modifican el régimen de acceso a la información del sector público, sino que aportan un valor añadido al derecho de acceso, contemplando el marco de regulación básica para la explotación de la información que obra en poder del sector público, en un marco de libre competencia y regulando las condiciones mínimas a las que debe acogerse un segundo nivel de tratamiento de la información que se genera desde las instancias públicas.
Los datos abiertos no pueden ser entendidos como un simple “portal”, por el contrario deben
ser una estrategia amplia, ambiciosa y a largo plazo. Un repositorio de datos debe poseer respaldo legal, político, técnico y presupuestario. De ese modo se encontrarán al servicio de la transformación digital del Estado y del mundo de la innovación.
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